La Secretaría de Hacienda contactará a más de 4.000 contribuyentes morosos de la retención en la fuente del impuesto de Industria y Comercio (ReteICA), con deudas correspondientes a los años 2017 a 2024, con el fin de que se pongan al día con sus obligaciones tributarias en Bogotá. 

Estas deudas ascienden a $36.327 millones, recursos que la ciudad busca recuperar para seguir fortaleciendo el presupuesto de inversión pública y garantizar más obras y servicios para la ciudadanía.

Consecuencias del incumplimiento
El incumplimiento en el pago del ReteICA dentro de los plazos legales puede tener implicaciones penales. El artículo 402 del Código Penal establece como delito la omisión del deber de agente retenedor o recaudador.

Para la entidad es fundamental evitar que el proceso de cobro avance y escale a instancias más complejas, como sanciones penales, embargo de cuentas y bienes, e incluso el posterior secuestro y remate de estos, con un límite de la medida cautelar de hasta el doble del valor de la deuda.

Acuerdos de pago 
Los contribuyentes interesados en suscribir acuerdos de pago podrán hacerlo con un abono inicial del 10 % del total de la deuda.

Tenga en cuenta: En ningún caso se solicitará el envío de dinero a cuentas bancarias ni a aplicaciones externas. 

El sistema financiero colombiano todavía no es inclusivo porque no llega a toda la población, razón por la cual las finanzas abiertas son fundamentales para facilitar el ingreso de más usuarios, dijo el Superintendente Financiero, profesor César Ferrari.

Durante su participación en la Cumbre de Desarrollo Pyme 2025, organizada por la caja de compensación familiar Cafam, el profesor Ferrari también se refirió a los sistemas de pagos inmediatos de bajo valor y dijo que estos representan un gran avance con transacciones más rápidas y en tiempo real, facilitando las operaciones de clientes y usuarios del sistema.

Señaló, que una mayor competencia y el uso de los avances tecnológicos fomentarán el crecimiento del sector financiero, ya que en la actualidad es muy pequeño y poco profundo.

En este sentido explicó cómo las Fintech cubren segmentos poblacionales a los que la banca tradicional no llega, generando mayor inclusión con productos de ahorro, inversión y crédito.

“Las Fintech no llevan muchos años en el mercado financiero, pero están generando propuestas de valor interesantes con ofertas de acceso digital, pero los bancos no se han quedado atrás en esos avances tecnológicos”, indicó Ferrari.

En su concepto, las Fintech requieren más capital para acelerar su expansión y llegar a nichos del mercado que no son atendidos por los establecimientos financieros tradicionales.

El Superintendente insistió en la necesidad de implementar el modelo de finanzas abiertas para facilitar el acceso a través de la simetría de la información, tanto de las entidades financieras como de los usuarios, lo que permitirá tomar decisiones sobre las opciones de ahorro, inversión y financiación existentes en el mercado. “Si hay simetría de información, la competencia se da en todos los campos y esto es bueno porque fomenta el crédito a mejores tasas de interés”, concluyó el profesor Ferrari.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informa a la ciudadanía que personas ajenas a la entidad están cometiendo actos fraudulentos mediante la suplantación de funcionarios públicos y el uso indebido de símbolos institucionales, con el propósito de ofrecer falsos contratos a cambio de pagos.

Se han detectado casos, que ya están sujetos a denuncia, en los que los estafadores utilizan nombres, logotipos, emblemas y documentos falsificados con apariencia oficial, con el fin de engañar a ciudadanos y empresas, simulando procesos contractuales inexistentes para obtener presuntamente beneficios económicos de manera ilícita.

El Ministerio hace énfasis en que ningún proceso de contratación legítimo exige pagos, depósitos, anticipos ni contraprestaciones económicas por parte de los ciudadanos o proveedores. Todos los procedimientos contractuales se desarrollan conforme al Estatuto General de Contratación Pública, guiados por los principios de transparencia, legalidad, igualdad, publicidad, economía y responsabilidad.

Los únicos canales oficiales para participar en procesos de contratación del Ministerio son:
- La plataforma SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública)
- Los medios institucionales establecidos en el Manual de Contratación del MinCIT
- El sitio web oficial: www.mincit.gov.co o entidades adscritas o vinculadas
- Nuestras oficinas y líneas de atención al ciudadano 601 606 7676 (lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.)

Cualquier solicitud de dinero o promesa de contrato a cambio de pagos constituye un fraude y debe ser denunciada inmediatamente ante las autoridades competentes y a través de los canales oficiales del Ministerio. El correo habilitado para denuncias es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..">Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Frente a las recientes decisiones judiciales que ordenan la vinculación masiva de personas en listas de elegibles, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN advirtió que son material y jurídicamente imposibles de cumplir y constituyen una invasión a las competencias legales de la Entidad.

Las acciones de tutela en curso han ordenado el uso indiscriminado de listas de elegibles, incluso en perfiles ya fortalecidos con concursos anteriores, o en empleos distintos a los requeridos por la Entidad. Estas decisiones desconocen la planeación institucional, al obligar a nombrar personas que ocupan los últimos lugares de las listas, usar vacantes previstas en concursos futuros y afectar la distribución que, por ley, es competencia del Director General de la DIAN.

Adicionalmente, algunos jueces han extendido sus decisiones a personas que no hicieron parte del proceso, algo que solo puede hacer la Corte Constitucional[1]. Estas actuaciones son desconcertantes pues impiden que la DIAN administre su propio talento humano y pueden llegar a obstaculizar el desarrollo de su misión técnica al asignar personas que no tienen el perfil requerido para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad.

Cumplir las órdenes en los términos impuestos implicaría desvincular a 395 funcionarios provisionales, abrir la puerta a demandas millonarias contra el Estado y poner en riesgo la continuidad de los procesos misionales de recaudo y fiscalización. A ello se suma que los plazos fijados por los jueces (48 horas) desconocen los trámites legales y el debido proceso de los funcionarios afectados, algunos de los cuales son sujetos de especial protección constitucional.

La DIAN elevó consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado manifestando que existe imposibilidad material y jurídica para efectuar los nombramientos y advierte que decisiones judiciales de este tipo desconocen el régimen especial de carrera de la Entidad y ponen en riesgo la planeación institucional y la sostenibilidad fiscal del país.

Asimismo, la entidad hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura para que capacite a los jueces en la estructura administrativa y normativa de la DIAN, y a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que actúe como garante del proceso de provisión de empleos conforme a la ley y al mérito.

La DIAN está comprometida con el mérito como principio axial de la Constitución Política de Colombia, especialmente en lo que respecta al acceso a la función pública.

Prueba de ello es que en los últimos cinco años se han realizado 3 concursos de mérito, y uno más se encuentra en curso, de los cuales se ha derivado la vinculación de 6.391 funcionarios en vacantes ofertadas y 3.272 en vacantes no ofertadas que han sido posesionados mediante el mecanismo de uso de listas de elegibles.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recuerda a los Grandes Contribuyentes que, a partir del 9 de septiembre de 2025, inician los vencimientos para cumplir con las obligaciones del régimen de Precios de Transferencia, correspondientes al año gravable 2024 y a la fracción de 2025.

Desde junio, la entidad dispuso para los contribuyentes el prevalidador de Precios de Transferencia – Formato 1125 y el sistema informático para el cargue y envío del archivo XML, con el fin de facilitar el proceso de cumplimiento.

Con estas herramientas, los contribuyentes podrán:

Presentar la Declaración Informativa de Precios de Transferencia – Formulario 120.
Remitir la Documentación Comprobatoria, que incluye el Informe Local y/o Maestro, según corresponda.

Para ver el calendario de vencimientos de precios de transferencia, haga clic aquí.

En una acción sin precedentes, e incorporando un enfoque de analítica de datos y modelos predictivos para focalizar sus acciones de cobro a contribuyentes morosos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) activó para agosto la campaña nacional 'Al día con la DIAN, le cumplo al país', una jornada que se extenderá hasta el día 29 de mes, con el objetivo de gestionar más de $2,2 billones en cartera vencida.

Mediante el uso de algoritmos, técnicas de machine learning y métodos estadísticos la DIAN ha identificado a 8.440 contribuyentes con obligaciones en mora y capacidad económica para ponerse al día. Este enfoque innovador permite a la entidad predecir comportamientos de pago y priorizar casos con alta probabilidad de recuperación, optimizando así sus esfuerzos de recaudo.

Estas acciones están siendo ejecutadas con base en la segmentación predictiva de la cartera, lo que permite clasificar las deudas según su antigüedad y enfocar esfuerzos hacia los contribuyentes con mayor capacidad y disposición de pago. “Este es un paso decisivo hacia un cobro más inteligente y focalizado.

La analítica nos permite actuar con rapidez y precisión para asegurar que los recursos públicos lleguen a donde deben estar", señaló Luis Eduardo Llinás, director general (e) de la DIAN.

La estrategia contempla un paquete de medidas contundentes, entre las que se destacan:

7.890 visitas a contribuyentes con deudas cercanas a $1,2 billones, priorizando obligaciones con entre uno y dos años de antigüedad.

Gestión de 5.110 depósitos judiciales por un valor de $54.228 millones, derivados de procesos de cobro a 550 contribuyentes.

Imposición de 3.400 medidas cautelares sobre sumas de dinero, dirigidas a cartera con más de tres años de vencimiento, por un monto cercano a $1 billón.

El director Llinás reiteró que las medidas cautelares buscan garantizar que los bienes y recursos de los deudores no se dispersen antes del pago de sus obligaciones. Asimismo, hizo un llamado a los contribuyentes morosos para que se acojan a los mecanismos de regularización antes de la aplicación de medidas judiciales.

En paralelo, este 12 de agosto la DIAN adelantó el evento virtual 'Evite consecuencias penales por no pagar sus impuestos en mora', que contó con la participación de 4.900 contribuyentes. Durante esta actividad, se explicaron los riesgos legales del incumplimiento fiscal, incluyendo la posibilidad de enfrentar procesos penales en casos de impuestos recaudados, pero no entregados al Estado.

La DIAN emitió la Circular 002 del 19 de agosto de 2025, por medio de la cual aclara algunos términos sobre el Operador Económico Autorizado – OEA.

Para conocer la Circular 002, haga clic aquí.

El Gobierno nacional informa que, mediante borrador de Resolución, se ha postergado hasta agosto de 2026 la entrada en vigencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas aplicables a vehículos y remolques.

Esto significa que durante todo el año 2025 hasta agosto de 2026 dichos reglamentos NO entrarán en aplicación en Colombia. En consecuencia, continúa vigente el marco actual de certificación, el cual reconoce las normas estadounidenses ‘Federal Motor Vehicle Safety Standards’ (FMVSS), garantizando que los vehículos y autopartes de origen estadounidense puedan seguir siendo importados y comercializados en el país sin restricciones adicionales.

Adicionalmente, se ha dispuesto que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con el Ministerio de Transporte, y el Ministerio de Comercio, adelante un estudio para establecer las condiciones que permitan la coexistencia de los reglamentos técnicos de Naciones Unidas y los estándares FMVSS.

El propósito de esta medida es consolidar un esquema regulatorio que asegure la seguridad vial, mantenga la armonización internacional y, al mismo tiempo, preserve la fluidez del comercio automotor con Estados Unidos y otros socios estratégicos.

El Gobierno nacional reitera que el mercado automotor estadounidense podrá seguir participando plenamente en Colombia bajo las reglas actuales, y que, incluso cuando entre en vigor la nueva regulación, se garantizará un marco de coexistencia regulatoria que reconozca tanto los reglamentos de Naciones Unidas como los estándares FMVSS.

La Superintendencia de Sociedades presenta el informe anual de las 9.000 siguientes empresas más grandes de Colombia, con corte al 31 de diciembre de 2024.

Este segmento, que complementa el perfil de las 1.000 principales, representa el 34,1 % del PIB nacional, consolidándose como un pilar esencial para la inversión productiva, el empleo formal y la estabilidad del tejido empresarial. En el último año, estas compañías registraron ingresos por $581,5 billones y utilidades netas por $32,4 billones. Vale la pena destacar que el dinamismo empresarial también se refleja en regiones que están ganando protagonismo en el mapa productivo nacional.

Por ejemplo, la Costa Pacífica alcanzó ingresos por $58,3 billones con fuerte presencia de comercio y manufactura; la Costa Atlántica sumó $55 billones impulsada por servicios y agroindustria; el Centro Oriente registró $34,8 billones con un tejido diversificado que combina comercio, servicios y manufactura; y el Sur y Oriente del país aportó $25,4 billones con un crecimiento destacado en construcción y comercio.

Más allá de las cifras, el informe muestra que la fortaleza de estas empresas se sostiene en una cultura sólida de rendición de cuentas y en gobiernos corporativos transparentes y robustos. La presentación oportuna y completa de la información financiera no es solo un requisito legal, sino un bien jurídicamente tutelado, fundamental para preservar el orden público económico, garantizar el sano desarrollo del tráfico mercantil y fortalecer la confianza de inversionistas, acreedores, empleados y la sociedad en general (arts. 34 y 83 de la Ley 222 de 1995, art 289 del Código de Comercio).

En este sentido, la labor de la Superintendencia de Sociedades como entidad de supervisión adquiere relevancia estratégica, al ser garante de que esta información se convierta en un insumo útil para decisiones empresariales, políticas públicas y análisis sectoriales.

El informe revela que 1.183 empresas presentaron su Reporte de Sostenibilidad, un avance significativo hacia la estandarización de la información no financiera en el país. Es importante destacar que el camino de la responsabilidad social y ambiental abre la puerta a nuevos mercados, fortalece la reputación y posiciona la marca, al tiempo que refuerza el compromiso con la protección del planeta.

Este esfuerzo se articula plenamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, que impulsa los negocios verdes y las prácticas sostenibles como motores de competitividad y conservación del capital natural.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó: “La información financiera es mucho más que un balance, pues representa la evidencia tangible de la transparencia empresarial. Las 9.000 empresas que hoy presentamos demuestran que la competitividad y la sostenibilidad comienzan con el compromiso de rendir cuentas, y que cumplir con este deber fortalece la confianza, eleva la reputación y consolida un ecosistema empresarial sólido y responsable”.

De esta manera la Superintendencia de Sociedades reafirma su compromiso con el fortalecimiento del gobierno corporativo, la profesionalización de las juntas directivas y la adopción de estándares internacionales que impulsen una economía más eficiente, ética y sostenible. Con este informe la Entidad envía un mensaje claro y contundente en el que la transparencia y la rendición de cuentas se reconocen como el capital que asegura el futuro empresarial de Colombia.

Consulte el informe haciendo clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, invitó a la comunidad jurídica, académica y a la ciudadanía interesada en los temas tributarios, aduaneros y de fiscalización cambiaria a participar en la consulta pública del Manual de escritura (Guía práctica para la elaboración de conceptos jurídicos).

Este manual constituye una guía práctica para estandarizar la redacción de los conceptos jurídicos emitidos por la DIAN, con el fin de garantizar claridad, coherencia y seguridad jurídica en sus pronunciamientos. Asimismo, incorpora pautas para el uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el proceso de redacción, sin sustituir el criterio jurídico.

La participación estará habilitada a partir de hoy 15 de agosto y hasta el 4 de septiembre de 2025, mediante la lectura crítica del documento y el envío de observaciones, comentarios o sugerencias a través de un formulario disponible en nuestra página web.

El objetivo es enriquecer el manual con aportes técnicos y plurales, promoviendo una construcción colectiva que fortalezca su legitimidad y utilidad tanto para los funcionarios de la DIAN como para los usuarios externos de la doctrina.

Beneficios esperados:
- Mejora en la calidad y claridad de los conceptos jurídicos mediante uso de formatos, estructuras uniformes que facilitan la lectura, consulta y pedagogía.
- Agilidad en la respuesta doctrinal con apoyo de IA bajo supervisión jurídica.
- Mayor seguridad jurídica para contribuyentes y operadores.
- Prevención de errores mediante pautas de revisión y actualización.
- Accesibilidad a través de formatos y estructuras uniformes.
- Fortalecer cercanía, confianza y cultura de la contribución del público en general

Esta iniciativa se enmarca en las buenas prácticas regulatorias promovidas por la DIAN, en el contexto del concurso del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el cual la Entidad ha sido reconocida en años anteriores.

Conozca el Manual de escritura jurídica haciendo clic aquí.