La Superintendencia de Sociedades presentó un estudio sobre los grupos empresariales y las situaciones de control inscritos en la Cámara de Comercio de Bogotá. Las principales conclusiones de este informe son las siguientes:

•En Bogotá existen registrados 919 grupos empresariales, esto demuestra una significativa presencia de este tipo de organizaciones como agentes relevantes para el desarrollo económico. El 53% (487) se encuentran controlados por matrices extranjeras.

•Estos grupos involucran 2.442 subordinadas, de las cuales 216 se encuentran en el exterior distribuidas en 25 países.

•La Superintendencia de Sociedades tiene la función de velar por la adecuada revelación de los conglomerados en el registro mercantil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. Las investigaciones adelantadas por la entidad en esta materia, así como la constante labor pedagógica, han contribuido a que 50.326 controlantes hayan cumplido con esta obligación legal, lo cual es fundamental para la generación de confianza en el mercado, como principio del gobierno corporativo de las empresas.

•En el registro mercantil aparecen 879 matrices extranjeras inscritas (incluyendo grupos y situaciones de control). Esto evidencia que Colombia es un país muy atractivo para los inversionistas extranjeros.

•En Bogotá sobresalen conglomerados con una historia significativa, incluso algunos que fueron fundados hace más de 100 años, tales como Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., Organización Corona S.A. y Grupo de Energía de Bogotá S.A., que han logrado crecer a lo largo de varias generaciones e inspiran a los empresarios colombianos a desarrollar estrategias que contribuyan efectivamente a la perdurabilidad y al éxito empresarial.

•De la encuesta a los 138 grupos empresariales se resaltan los siguientes resultados:

El 45,3% de los cargos directivos los ocupan mujeres.
El 65,3% señalaron que el directivo de más alto nivel se encuentra entre la edad de 46 y 65 años, y el 50,7% que llevan trabajando hace más de 15 años en la empresa.
El 30% de los cargos en juntas directivas se encuentran ocupados por mujeres.
El 71% no cuentan con un plan de sucesión documentado.

Top 10 – Grupos empresariales con mayor número de subordinadas.

1.Luis Carlos Sarmiento Angulo – 121 subordinadas
2.Ecopetrol S.A. – 121 subordinadas
3.Grupo Sura S.A. – 84 subordinadas
4.Joseba Mikel Grajales - 79 subordinadas
5.Grupo Argos S.A. – 73 subordinadas
6.Grupo Bolívar S.A. – 69 subordinadas
7.Jaime Gilinski Bacal – 67 subordinadas
8.AM Vallecilla y J.G. Gómez y Cía S.C.A. y otros – 48 subordinadas
9.Carvajal S.A. – 44 subordinada
10.Organización Corona S.A. – 43 subordinadas

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, señaló que: “la revelación en el registro mercantil de los grupos empresariales y las situaciones de control es uno de los efectos más importantes que establece el régimen de matrices y subordinadas, debido a que garantiza el principio de transparencia en el que se fundamentan las relaciones de las sociedades con los diferentes grupos de interés que interactúan con ellas. Resulta muy positivo verificar que numerosos grupos están revelando sus estructuras societarias contribuyendo a la generación de confianza en el mercado”.

Para ver el estudio completo, haga clic aquí.

El Ministerio del Trabajo anunció que queda en firme el esquema de cotización a la seguridad social que permite a trabajadores dependientes, con ingresos inferiores a un salario mínimo, realizar aportes a pensión, riesgos laborales y a Caja de Compensación Familiar, por periodos inferiores a un mes.

La medida, fue oficializada a través de la Circular 0093 del 1 de septiembre de 2025, en cumplimiento de la Ley Laboral (Ley 2466 de 2025) y la Ley Pensional (Ley 2381 de 2024) que incluye la cotización por días o por semanas.

Especifica, que en la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores dependientes que se encuentren vinculados laboralmente por periodos inferiores a un mes o por días, en virtud de un trabajo por tiempo parcial, la cotización se realizará de acuerdo con el reglamento existente.

“Esta cotización a tiempo parcial amplía la formalización y protección social, permitiendo contribuciones más justas según el nivel real de ingreso e incluye a sectores flexibles o informales al sistema de seguridad social", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino Páez.

La modalidad de cotización se implementó a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), usando el tipo de cotizante número 51, denominado ´Trabajador de tiempo parcial´, y de acuerdo con los días reportados en el mes, la plataforma liquidará por semanas la cotización a pensiones y a Caja de Compensación.

El Ministerio de Salud y Protección Social está finalizando los ajustes administrativos a la planilla para el recaudo de los aportes de los trabajadores independientes.

La circular precisa que la cotización a riesgos laborales se realizará por el periodo mensual de 30 días.

En el caso de la salud, estos trabajadores pueden permanecer afiliados al régimen subsidiado o como beneficiarios de los regímenes contributivo, especial o exceptuado.

La radicación de la Ley de Financiamiento ha sido objeto de controversia y de diversas interpretaciones. Por ello, el Ministerio de Hacienda precisó que el proyecto dicta una serie de medidas orientadas a garantizar el Presupuesto General de la Nación para el 2026, reducir el gasto tributario, equilibrar las finanzas públicas, con especial énfasis en materias ambientales y de salud pública, y establecer mejoras en el proceso de fiscalización y operatividad del sistema tributario.

Para conocer el documento verdades y mentiras de la Ley de Financiamiento, elaborado por el Ministerio de Hacienda, haga clic aquí.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) detectó en la Zona Franca de Cartagena un cargamento de 17,5 toneladas de residuos plásticos, cuya importación está sujeta a los controles establecidos por el Convenio de Basilea, tratado internacional que regula el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos.

El hallazgo se produjo en el marco de las acciones de control adelantadas por la entidad para fortalecer la trazabilidad ambiental en el comercio internacional. Con esta actuación, la DIAN busca evitar que las zonas francas se conviertan en puntos vulnerables para el ingreso irregular de residuos que puedan afectar la salud pública o el medio ambiente, al tiempo que reafirma el compromiso de Colombia con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.

La estrategia Aduanas Verdes, liderada por la Subdirección de Servicio y Facilitación al Comercio Exterior en cabeza de la Dirección de Gestión de Aduanas, tiene como propósito asegurar el cumplimiento de compromisos internacionales como los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y el Protocolo de Montreal, que regulan el manejo de residuos peligrosos, sustancias químicas y mercancías con alto impacto ambiental.

“No se trata solo de controlar mercancías, sino de garantizar que el comercio exterior se alinee con la sostenibilidad y los compromisos multilaterales que protegen la salud y el medio ambiente", señaló Omar David Florez, subdirector de Servicio y Facilitación al Comercio Exterior.

La DIAN informó que el caso será objeto de una revisión técnica en coordinación con la ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales vigentes.

Este operativo confirma la relevancia de Aduanas Verdes como herramienta de gobernanza ambiental y refuerza el compromiso de Colombia de consolidar una cultura de vigilancia ambiental en frontera, en la que la protección del entorno se convierta en una práctica permanente de las operaciones aduaneras.

La Superintendencia de Sociedades presenta el informe anual del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), con corte al 31 de diciembre de 2024. Para esta edición, la Entidad, más que un informe, ha desarrollado una herramienta de consulta que le permite al país analizar el comportamiento financiero de una actividad que despierta gran interés entre los colombianos y que fortalece la transparencia, el buen gobierno corporativo y la rendición de cuentas en el deporte.

El estudio se elaboró con información reportada por 34 clubes constituidos como sociedades anónimas y con datos recolectados de la Asociación Deportivo Cali y la Asociación Deportivo Pasto. Para garantizar comparabilidad y consistencia, fue necesario efectuar reclasificaciones atendiendo lo señalado en la Guía de Orientación Contable emitida por la Superintendencia de Sociedades, lo que permite ofrecer un análisis homogéneo de los ingresos y gastos de los clubes, haciendo comparaciones confiables entre los resultados de 2024 con los del año inmediatamente anterior, permitiendo medir tendencias, valorar avances y comprender con mayor precisión la evolución financiera de los clubes.

El tablero integra el total de ingresos de actividades ordinarias, el estado de la situación financiera y la distribución de gastos. A su vez, permite a los usuarios analizar en detalle cinco variables fundamentales que explican la dinámica financiera de cada club: (1) taquilla y abonos, (2) ventas de artículos deportivos, (3) participación en eventos y auxilios Conmebol, (4) publicidad y patrocinio, y (5) derechos de televisión junto con los auxilios de Dimayor y FPC. De igual manera, ofrece un análisis del desempeño en la venta de derechos deportivos y un desglose regional que agrupa a los 36 clubes en ocho zonas del país, haciendo visible la diversidad de realidades económicas que caracterizan al fútbol colombiano.

Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señala: “un aspecto destacado del informe es la incorporación de una perspectiva de equidad de género, que presenta datos relevantes sobre el rol de las mujeres en la dirección de los clubes y su participación en cargos de representación legal, juntas directivas y revisoría fiscal. Así mismo, se incluye un análisis del estado de la situación financiera del fútbol femenino, reconociendo su creciente importancia dentro del ecosistema deportivo nacional.

Entre los principales resultados se destaca que los activos totales de los clubes incrementaron un 7,15%, pasando de $847 mil millones en 2023 a $908 mil millones en 2024, mientras que el patrimonio creció un 6,27%, alcanzando $350 mil millones en 2024 desde $330 mil millones en 2023. Este comportamiento

refleja una mayor capacidad de acumulación de recursos y evidencia una expansión sostenida en la solidez de las operaciones financieras.

Los ingresos ordinarios presentaron un crecimiento del 2,7%, lo que confirma la resiliencia de los clubes para mantener y expandir sus fuentes principales de financiamiento en un entorno económico retador. Los ingresos derivados de derechos deportivos, rendimientos financieros y otras fuentes crecieron un 11,48%, lo que demuestra una gestión más estratégica en la explotación de activos intangibles y en la diversificación de ingresos”.

Por su parte, los ingresos por taquilla y abonos presentaron un crecimiento del 17,2%, lo que refleja la recuperación de la asistencia a los estadios y el fortalecimiento del vínculo entre clubes y aficionados, quienes con su presencia impulsan la sostenibilidad financiera de los equipos y consolidan al fútbol como un activo cultural y social.

Estos resultados evidencian que el fútbol profesional colombiano trasciende el ámbito deportivo y se consolida como una actividad económica de gran relevancia nacional y regional. Su impacto se refleja en el fortalecimiento del tejido empresarial, la generación de empleo y el impulso a sectores complementarios como el turismo, el comercio y los servicios.

El crecimiento patrimonial y la diversificación de ingresos alcanzados por los clubes muestran un sector con proyección, capaz de atraer inversión, generar confianza entre los aficionados y posicionar la marca país en escenarios internacionales. Con la publicación de esta herramienta, la Superintendencia de Sociedades reafirma su compromiso con la entrega de información clara, confiable y oportuna, que no solo fortalece la rendición de cuentas de los clubes, sino que constituye un insumo estratégico para la toma de decisiones de inversionistas, patrocinadores, analistas, autoridades públicas y la ciudadanía en general.

Consulta el reporte directamente en Power BI, haciendo clic aquí.

Por medio de la Resolución 010061 del 3 de septiembre de 2025, la DIAN modifica el numeral 2 del arlículo 369 de la Resolución 46 de 2019, referente a la exportación de ganado bobino a Venezuela.

Para conocer la Resolución 010061, haga clic aquí.

Para facilitar la transición de estudiantes de pregrado al mundo laboral a través de prácticas en secretarías de educación, el Ministerio del Trabajo creó el programa ‘Prácticas para la Vida´.

La iniciativa responde a la necesidad de reducir las brechas y rezagos de aprendizaje que enfrentan los jóvenes colombianos al insertarse en el mercado laboral. El programa incorpora una orientación de empleabilidad futura, brindando herramientas y experiencias útiles para la inserción laboral efectiva de los estudiantes.

Los beneficiarios serán estudiantes de programas de educación superior de nivel técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario, entre 15 y 28 años de edad, autorizados por su institución educativa para realizar prácticas laborales. Las prácticas se desarrollarán en secretarías de educación certificadas, apoyando procesos administrativos, sociales y financieros según las necesidades territoriales.

La iniciativa se fundamenta en el artículo 131 de la Ley 2294 de 2023 y fue formalizada mediante Resolución 3367 del 20 de agosto de 2025, firmada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, quien precisó los beneficios y condiciones del programa: “los estudiantes beneficiarios recibirán un salario mínimo mensual para gastos de manutención, y del auxilio de transporte. También serán afiliados a riesgos laborales por la institución educativa”.

Indicó el Ministro: “la práctica será por cinco meses, en modalidad presencial y con un horario de 38 horas semanales. La práctica solo se

podrá realizar una vez y no de forma simultánea y facilitará la articulación entre las secretarías de educación, las instituciones de educación superior y los establecimientos educativos”.

Los recursos provienen del proyecto de inversión "Fortalecimiento de mecanismos para mejorar la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores", gestionado por la Dirección de Movilidad del Ministerio.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, llevó a cabo la primera Jornada DIA-D. Fueron 452 visitas a domicilios fiscales de contribuyentes, entre personas naturales y jurídicas, que han solicitado devoluciones de sus saldos a favor por un valor total de $42.139 millones.

Como resultado de estas acciones, la administración tributaria encontró inconsistencias como direcciones y establecimientos comerciales inexistentes, predios desocupados y lugares en los que ya no opera la actividad económica o no reside el contribuyente.

En consecuencia de estos hallazgos, la entidad procederá a la suspensión del Registro Único Tributario (RUT) de dichos contribuyentes, la inadmisión de la solicitud de devolución o el rechazo de esta.

Adicional a ello, y con ocasión de las visitas de verificación, algunos de los contribuyentes que habían realizado la solicitud de devolución, decidieron desistir de ella.

“Con esta estrategia integral de control, la DIAN busca proteger los recursos públicos, garantizar la transparencia en los trámites tributarios y fortalecer la confianza ciudadana en la gestión de la entidad, por lo que es fundamental que los contribuyentes presenten información veraz y completa tanto en sus declaraciones como en las solicitudes de devolución", indicó Luisa Rocío Reyes, directora de gestión de Impuestos de la DIAN.

Durante la primera jornada, las visitas se desarrollaron de manera simultánea en la jurisdicción de 14 direcciones seccionales de la entidad, en ciudades como Barranquilla, Cali, Cúcuta, Medellín, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Armenia, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Tunja, Villavicencio y Cartagena.

La entidad ratifica que estas jornadas de control se mantendrán de forma permanente y derivarán en sanciones para quienes se vean involucrados en prácticas fraudulentas.

La próxima jornada se realizará el 29 de septiembre y, de manera progresiva, se incluirán solicitudes de devolución por otros conceptos como ventas, IVA pagado, pago en exceso o de lo no debido.

Finalmente, la entidad invita a todos los contribuyentes a presentar de manera correcta y con información sustentada en su realidad económica, tanto las declaraciones como las solicitudes de devolución. De esta manera, se fortalece la cultura de la legalidad y se contribuye al propósito común de proteger los recursos públicos y avanzar en la construcción de un país más justo y equitativo.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, lideró en Bogotá 2 jornadas de control que dieron como resultado el cierre de 21 establecimientos de comercio en la ciudad durante tres días.

Las sanciones se impusieron a sociedades y personas naturales ubicadas en barrios como La Alquería, Venecia, La Candelaria, Kennedy, Restrepo y San Isidro, y estuvieron motivadas, en su mayoría, por el incumplimiento en la expedición de factura electrónica o documento electrónico equivalente por cada transacción realizada.

“La facturación electrónica es un requisito legal y es una herramienta clave para garantizar la transparencia, prevenir la evasión de impuestos y promover la formalidad empresarial; cuando cumplimos con esta normatividad aportamos al desarrollo del país y garantizamos la igualdad en la competencia empresarial", dijo Patricia González Vasco, directora de la Seccional de Impuestos de Bogotá.

Los establecimientos sancionados pertenecen a diversos sectores de la economía, entre los que se encuentran bares, restaurantes, almacenes de calzado, tiendas de textiles, fruver y negocios de artículos de belleza.

La entidad continuará adelantando este tipo de controles en diferentes zonas de la ciudad para reforzar la cultura de la legalidad y apoyar a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias.

En un reciente fallo, la Corte Constitucional reitera que el dictamen de la junta de calificación de invalidez no es la única prueba para acreditar la fecha de pérdida de la capacidad laboral para reconocer la pensión

Esto es especialmente relevante cuando se trata de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas ya que estos padecimientos suelen desarrollarse de manera progresiva y la pérdida de capacidad laboral no es inmediata.

David presentó una tutela en contra de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, Colpensiones y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), debido a que le negaron la sustitución pensional que reclamaba en calidad de hijo en condición de discapacidad.

La negativa se basó en que se fijó una fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral posterior al fallecimiento de sus padres. David alegó que las entidades no tuvieron en cuenta el origen genético, progresivo y degenerativo de la enfermedad que presenta ni tampoco analizaron correctamente su historia clínica.

La Corte amparó los derechos al mínimo vital, a la vida digna, a la seguridad social y al debido proceso de David y le ordenó a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez emitir una nueva decisión en la que se deje en firme el dictamen de 2024, el cual estableció una pérdida de capacidad laboral del 50.70% y dispuso como fecha de estructuración el 3 de marzo de 1983. De otro lado, le ordenó a Colpensiones que reconozca, liquide y pague la sustitución pensional a la que tiene derecho David, en calidad de hijo en estado de invalidez de Juan.

La Sala Séptima de Revisión, integrada por las magistradas Carolina Ramírez Pérez (e) y Paola Andrea Meneses Mosquera, quien la preside, así como por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, consideró que la conducta de Colpensiones y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para establecer un dictamen con base en un solo elemento probatorio y sin tener en cuenta el origen, evolución y pronóstico de la enfermedad refleja un análisis formalista que desatiende las reglas fijadas en el caso de enfermedades congénitas, degenerativas y crónicas.

Al respecto, la Corte ha establecido que, el dictamen proferido por las calificadoras es un hecho médico que debe estar debidamente motivado y, en esa medida, debe corresponder a un análisis integral que se realice de la historia clínica y ocupacional, de los exámenes clínicos y de las ayudas diagnósticas que se requieran.

La Sala recordó que la jurisprudencia ha reconocido que el dictamen de la junta de calificación de invalidez no es la única prueba idónea para acreditar la fecha de pérdida de la capacidad laboral para el reconocimiento pensional. Lo anterior, es especialmente relevante cuando se trata de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, ya que estos padecimientos suelen desarrollarse de manera progresiva y la pérdida de capacidad laboral no es inmediata.

La Corte explicó que, en esos escenarios, las entidades encargadas deben valorar varios elementos como el origen y evolución de la enfermedad, así como su impacto en la vida y el trabajo del solicitante. La fecha de estructuración puede ser determinada con base en la historia clínica y otros dictámenes técnicos que contengan la información suficiente sobre el momento en que la persona efectivamente pierde la aptitud para trabajar, evitando formalismos que desconozcan la realidad de la persona.

Para conocer la Sentencia T-293 de 2025, de la M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera, haga clic aquí.